Tan solo el 13% de las actividades económicas que se iniciaron en el año 2019 continúan en funcionamiento, unas 57.000, sobre las 442.282 que se habían acogido a la tarifa plana en ese año. En la actualidad tenemos 467.097 autónomos con reducciones entre el 80% y el 30% de la cotización al RETA.
Pero además de los pírricos resultados de consolidación de esta millonaria ayuda, que cuesta a las arcas de la Seguridad Social unos 700 millones de euros anuales, tuvimos en el año 2019 a 123.259 autónomos en tarifa plana con unos rendimientos económicos anuales entre 12.600€ y 48.841€.
Además, todos hemos comprobado como a raíz de la entrada en vigor de esta ayuda se han disparado los casos de falsedad contractual, más conocidos como «falsos autónomos». Esta situación, que es sin duda una autentica incoherencia al inicio de actividad desde el punto de vista de la eficacia y la equidad, debe ser corregida de forma urgente por el nuevo sistema de cotización que prepara el Gobierno de España a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Para UPTA, esta es una de las principales líneas de trabajo a la hora de establecer un acuerdo que permita a los autónomos cambiar el sistema de cotización. No estamos dispuestos a que este despilfarro económico de la Seguridad Social continúe siendo una ayuda universal sin contrastar que detrás de cada una de ellas, exista un verdadero proyecto emprendedor.
La tarifa plana debe ser una ayuda al lanzamiento para aquellas actividades económicas que de verdad estén en una situación de necesidad y demuestren su viabilidad. Para aquellos que estén en mejor situación, debería establecerse un sistema proporcional a su cotización una vez finalice el año fiscal y se compruebe que sus rendimientos económicos anuales superan un determinado volumen económico.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, «por ello, en las negociaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas entre las organizaciones representativas del trabajo autónomo, el dialogo social y el Gobierno, este será uno de los temas que tendrá que ser analizado y corregido de cara a establecer las bases del nuevo sistema de cotización».
Además, añade Eduardo Abad, «seguimos sin entender por qué estas políticas, que deben estar encuadradas en el fomento del emprendimiento a través del SEPE, continúan sufragándose desde la Seguridad Social».
