Santiago de Compostela, 22 de abril de 2026. Los datos de siniestralidad laboral en el trabajo
autónomo durante 2025 en Galicia vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante: 91
accidentes graves, 4 muertes y 1.776 bajas por accidentes de trabajo. Detrás de estas cifras hay
miles de historias personales, negocios interrumpidos y familias afectadas por una problemática
que, según denuncia UPTA, sigue sin recibir la atención necesaria.
Por provincias, Pontevedra, con 30 accidentes graves y 542 bajas por accidente de trabajo.,
Ourense, 6 accidentes graves y 184 bajas por accidente de trabajo., Lugo, 29 accidentes graves,
2 mortales y 345 bajas por accidente de trabajo., y A Coruña, 26 accidentes graves, 2 mortales y
705 bajas por accidente de trabajo.
La organización advierte de que los trabajadores autónomos continúan siendo los grandes
olvidados en materia de prevención de riesgos laborales. A diferencia de los asalariados, el
colectivo desarrolla su actividad en condiciones más precarias desde el punto de vista de la
seguridad, con menor acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional.
Esta situación responde a un problema estructural: el sistema de prevención en España ha sido
diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores
por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el
ámbito agrario, donde los riesgos son elevados.
En este contexto, UPTA alerta de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa
puede agravar la situación si no va acompañado de recursos. El aumento de inspecciones,
obligaciones documentales y responsabilidades, sin apoyo económico ni asistencia técnica,
supone trasladar aún más carga a un colectivo que ya trabaja con limitaciones.
“No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no
previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo”, señala Eduardo Abad,
presidente de UPTA.
A esta realidad se suma la situación de los más de 180.000 autónomos sin asalariados en Galicia,
prácticamente fuera del sistema preventivo actual. Mientras que quienes tienen trabajadores
deben cumplir obligaciones en PRL, los autónomos que trabajan solos carecen de un modelo
adaptado a sus necesidades. Para UPTA, este vacío está favoreciendo el avance de una
problemática cada vez más evidente: los riesgos psicosociales.
El estrés, la ansiedad, las jornadas prolongadas, la presión por los plazos, los impagos y las
condiciones contractuales precarias están detrás de un aumento de problemas de salud mental,
enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. Se trata de una “pandemia
silenciosa” que no está siendo abordada por las políticas públicas.
“Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es
emprendimiento, es precariedad”, advierte Abad. “En sectores como el transporte o la
construcción es imprescindible establecer límites a los tiempos de trabajo. No podemos
normalizar determinadas condiciones que ponen en riesgo la vida de los profesionales”.

Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno un cambio de enfoque en las políticas de
prevención, con planes específicos dirigidos al trabajo autónomo que permitan actuar sobre la
raíz del problema. Entre las medidas planteadas se incluyen: – – – – – –
Desarrollo de programas de formación adaptados por sectores de actividad.
Establecimiento de incentivos para la inversión en equipos de seguridad.
Implantación de servicios públicos de asesoramiento técnico en prevención de carácter
gratuito.
Refuerzo de la cobertura en caso de accidente o enfermedad profesional.
Impulso de campañas de concienciación dirigidas específicamente a los trabajadores
autónomos.
Destinación de parte de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.
Para UPTA, el reto no pasa únicamente por ampliar las obligaciones, sino por transformar el
modelo. Es necesario avanzar hacia un sistema más flexible, cercano y eficaz, que tenga en
cuenta la diversidad del colectivo y facilite el cumplimiento real de la prevención. Las cifras de
2025 deben marcar un punto de inflexión. Reducir la siniestralidad en el trabajo autónomo no
es solo una cuestión normativa, sino una responsabilidad que exige medidas concretas por parte
del estado y de las comunidades autónomas y con un enfoque adaptado a la realidad del
colectivo.